VIVIENDA Y CIUDAD: DE EXPERIENCIAS MUNICIPALES A DERECHOS UNIVERSALES

Columna por Cristobal Diaz Martinez – En 2018 fuimos testigos del anuncio de proyectos de vivienda y ciudad, como parte de la agenda de políticos de espectro tan diverso como Daniel Jadue (PC) y Joaquín Lavín (UDI). Los ediles de Recoleta y Las Condes, respectivamente, anunciaron la construcción de edificios residenciales orientados a la población mas vulnerable de sus comunas. En el caso de Recoleta, la inédita inmobiliaria popular tiene por objetivo ofrecer vivienda en arriendo a habitantes de la comuna que se encuentran en situación de allegamiento y adultos mayores como prioridad. En Las Condes, el conjunto habitacional que se localizará en la rotonda Atenas no es en estricto rigor vivienda social, ya que el valor de cada vivienda ronda las 2.000UF, y la vivienda social tiene un valor que en ningún caso excede las 520UF (El Desconcierto, 2018). Sin embargo, definir una vivienda por su precio es una discusión obsoleta, y lo que se discute actualmente es la localización y acceso a servicios e infraestructura urbana que permite una vivienda (Sugranyes, 2017). La materialidad, sin dejar de ser relevante, se ha complejizado hacia consideraciones de barrio y ciudad, por lo que el proyecto de Lavín se posiciona como un ejemplo de integración social.

De todas formas, lo anterior obliga a señalar las limitaciones de las propuestas de ambos alcaldes: su carácter focalizado (85 familias en Las Condes y 35 en Recoleta) y el hecho de que se orienta a habitantes de las respectivas comunas (Las Condes ofrecerá un cupo de 5% para familias de otras comunas). Ahora bien, no seria justo culpar de falta de ambición a los alcaldes, ya que en ciudades tan segregadas y con polos de trabajo tan concentrados como Santiago, la integración social es una práctica que no solo ofrece réditos político-electorales, sino que responde a necesidades reales y ambos proyectos son un aporte.

Sin embargo, una política de vivienda inclusiva desde el Estado, permitiría que habitantes de diferentes comunas de Chile puedan optar a donde vivir, considerando que, por ejemplo, en Santiago apenas el 1,7% puede escoger la comuna de residencia, y en el Gran Valparaíso, sólo el 1% (IEUT, 2016), porcentajes que por supuesto, corresponden al estrato socioeconómico más alto.

Desde el nivel municipal, existen posibilidades de normativa urbana, y de proyectos simbólicos de integración social como los ya mencionados, y que se pueden replicar. Pero a nivel nacional existen diversos programas y subsidios a vivienda que son subutilizados y que son en extremo focalizados, como el subsidio de arriendo implementado desde 2014, y que ha debido abrir su población objetivo para incrementar su uso, debido a otros aspectos estructurales que impiden que sea masivo, como los altos precios de los arriendos, y el predominio de una cultura de la propiedad (Diaz, 2016).

La tarea urgente y necesaria es responder a necesidades de vivienda que quedan de manifiesto en los siguientes retrocesos que se han experimentado en esta década: en la actualidad hay más campamentos y asentamientos informales que en 2010 (Techo, 2016) y nos encontramos en los niveles de precariedad habitacional de 1985 (Emol, 2018). El allegamiento tanto interno como externo ha aumentado y no sólo en los grupos socioeconómicos más pobres, sino que incluso es una estrategia de vivienda en clase media emergente. Muchos subsidios de vivienda siguen subutilizados porque el mercado los absorbe y los precios de propiedades y arriendos suben, y la ausencia de normativa urbana en muchas comunas permite que se siga lucrando con el sueño de la casa propia de muchas familias, como ocurre en el caso de Estación Central y el eje de densificación mal llamado “guetos verticales” (Diaz, 2018).

Está demostrado que la vivienda social no provoca impactos negativos en las ciudades, no causa disminución ni aumento perceptible de la plusvalía de las viviendas aledañas (CEP, 2018), y que la conflictividad social no aumenta (Sabatini, 2008), al contrario, cuando contamos con ciudades diversas se crean relaciones de interdependencia laboral que permiten dar más empleo (otro aspecto en crisis en Chile), y por supuesto, construir una cultura de mayor aceptación entre clases sociales.

Desde el Partido Liberal impulsaremos una discusión sobre un sistema nacional e integrado de vivienda, que permita hacer frente a una organización del espacio residencial en la cual predomina el poder de los negocios inmobiliarios. Este sistema debe incluir el derecho a la ciudad y los servicios urbanos de calidad. Si bien la mayoría de los chilenos sigue anhelando la casa propia, necesitamos impulsar el arriendo para fomentar la movilidad espacial y mejorar las oportunidades de educación y trabajo mientras las familias son jóvenes. Es fundamental discutir normativas como el control de los precios de arriendo en localizaciones centrales, tal como se hace en países desarrollados (thelocal.de, 2018), y por supuesto, construir más y mejores proyectos de vivienda social, con un mínimo de 1 proyecto por comuna, imitando los ejemplos de Recoleta y Las Condes. Las soluciones no pasan por más y mejor tecnocracia o subsidios mejor focalizados en migrantes o la población más vulnerable, sino por una visión política de largo plazo y que diversifique nuestras comunas. Con inclusión social en las ciudades contaremos con menores niveles de conflictividad, más y mejores oportunidades para las familias que sueñan con un futuro mejor.

Cristobal Diaz Martinez

Profesor de Historia y Geografía, Magister en Desarrollo Urbano

Foto: Minvu

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