Nos parece insultante que el pequeño empresario sea el que tenga que esperar por su pago y para obtenerlo en un plazo razonable se le castigue con una comisión. Esto no solo entorpece la dinámica de mercado, favoreciendo a los grandes, sino que adicionalmente genera un incentivo perverso a que existan ciertas relaciones poco éticas y abusivas entre las grandes empresas y los dueños del capital financiero que proveen los pagos por adelantado. Es por esto que un ajuste a la Ley 19.983 es necesario.

Por René Fernández Montt y Diego Rivera

 

 

En este loco e injusto país, las grandes empresas, al contar con mayor poder negociador, logran imponer pagos con desfases inconcebibles para una empresa emergente. Esto estrangula al pequeño emprendedor, provocando problemas de liquidez y muchas veces su quiebra. A modo de solución ha surgido la dinámica de pago a través del factoring, donde el proveedor obtiene el pago por adelantado a cambio de una comisión. Esta suerte de préstamo siempre es de cargo del proveedor, quien debe entregar el valor de su trabajo sin recibir pago, a veces por 6 meses, y para obtenerlo en un plazo razonable debe asumir el cargo del porcentaje de la comisión que el proceso de factoring le impone. Marx estaría indignado, pues ya no solo se genera la plusvalía, sino que además se posterga el pago legítimo por un servicio prestado más allá de lo razonable. Estos son privilegios a los que pueden acceder pocos, pues ¿usted cree que si la pensionada que compra en el supermercado a 12 cuotas pudiera pagar su primera cuota en 6 meses y sin interés, no lo tomaría? Pues claro, pero ocurre que no tiene el poder para imponer sus condiciones.

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