Eutanasia: la retroexcavadora de la Iglesia

Evitar que esa voluntad personal prime y que cada ciudadano no pueda elegir sobre su propio cuerpo es verdaderamente un nuevo tipo de tiranía: donde un individuo no puede hacer tal o cual cosa porque violenta las creencias de otros.

Ya lo decía John Stuart Mill en 1859: “Para aquello que no le atañe más que a él (ser humano), su independencia es, de hecho, absoluta. Sobre sí mismo, sobre su cuerpo y su espíritu, el individuo es soberano”.

El pensador inglés en su ensayo Sobre la Libertad definió el límite del poder que puede ser ejercido legítimamente por la sociedad sobre un individuo. De esta manera Stuart Mill empujó el principio liberal de que existe un espacio de soberanía individual (prepolítico, en la línea de John Locke) donde el Estado no tiene derecho legítimo de interceder o interferir.

El mundo debe mucho, en materia de libertad religiosa, a grandes autores que defendieron la libertad de conciencia como un derecho propio de todo ser humano, y han negado de modo absoluto que un ciudadano deba rendir cuentas a sus semejantes sobre sus propias e íntimas creencias religiosas.

Luego de una larga lucha empujada por los liberales del siglo XIX, se eliminó que el Estado abrazara oficialmente una determinada religión. Esto quedó finalmente consagrado en Chile en la Constitución de 1925, gracias a las convicciones laicas del Presidente Alessandri y a una lucha acumulada de casi un siglo para consagrar la libertad de pensamiento.

Sin embargo, aquellas ideas que fundaron la separación del Estado y la Iglesia, hoy siguen siendo vulneradas por la retroexcavadora que la Iglesia lleva mucho tiempo conduciendo, con licencia entregada por el propio Estado. Una muestra con claridad de la debilidad de nuestro Estado laico está en la legislación que prohíbe y penaliza la práctica de la eutanasia.

Evitar que esa voluntad personal prime y que cada ciudadano no pueda elegir sobre su propio cuerpo es verdaderamente un nuevo tipo de tiranía: donde un individuo no puede hacer tal o cual cosa porque violenta las creencias de otros.

Me pregunto ¿cuál sería el interés que tendría el Estado para negar la voluntad de un individuo hacia su muerte digna? ¿Cuál es la razón fundada para que el Estado le niegue esa posibilidad a un paciente terminal? No encuentro respuesta alguna.

Stuart Mill, además de reconocer ese espacio inviolable de libertad individual, sí reconoce a la sociedad el derecho de interceder sólo bajo una condición: “El único objeto que autoriza a los hombres, individual o colectivamente, a turbar la libertad de acción de cualquiera de sus semejantes, es la propia defensa; la única razón legítima para usar la fuerza contra un miembro de una comunidad civilizada es la de impedir perjudicar a otros; pero el bien de este individuo, sea físico, sea moral, no es razón suficiente”. En este caso, la afectación de terceros claramente no aplica en el caso de la eutanasia.

Cuando buscamos las razones de una legislación como ésta, es imposible no caer en cuenta que han primado aquí las concepciones religiosas. El ejercicio de la libertad individual es reprimido bajo la creencia de que sólo Dios da la vida y, por tanto, es él –en exclusiva– quien puede quitarla. Si bien tal creencia es legítima en el campo de la conciencia personal o de una congregación religiosa, no lo es en el campo de las políticas públicas. Sin embargo, son numerosos los casos como este donde queda la sensación fundada de que la opinión dominante, sea esta mayoritaria o no en términos numéricos, termina imponiendo criterios –con retroexcavadora– de tipo confesional en las reglas generales para toda la población, incluyendo en esta fijación de reglas a todos por igual, concuerden o no con la creencia en cuestión.

En una materia como la eutanasia, donde tal decisión no afecta a los derechos de terceros, me surge la pregunta: ¿es legítimo que la sociedad se imponga por sobre la propia voluntad del incumbente?, ¿es legítimo que la Iglesia pase la retroexcavadora para totalizar sus creencias a todos los ciudadanos?.

Creemos que la sociedad no tiene –ni menos la Iglesia– legítimo derecho de interferir con retroexcavadora en ese espacio de soberanía individual. De lo anterior se desprende que frente a una enfermedad terminal o incluso en otras circunstancias, lo que debe primar es la voluntad del propio individuo afectado. Evitar que esa voluntad personal prime y que cada ciudadano no pueda elegir sobre su propio cuerpo es verdaderamente un nuevo tipo de tiranía: donde un individuo no puede hacer tal o cual cosa porque violenta las creencias de otros.

Por Vlado Mirosevic

Publicada el 11 de noviembre de 2014 en El Mostrador.

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